Jueves, 18 Diciembre 2014 15:42

La Audiencia Nacional condena a la página pirata “Elite Torrent”

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¿Por fin, los Reyes Magos y Papá Noel se han acordado del sector audiovisual y, en particular, de nuestro mercado? Eso parece, a tenor de las noticias sobre cierres de páginas webs que se están produciendo en este mes de diciembre. Un deseo que se le venía pidiendo (a gritos, por carta, telegrama y, últimamente, por email) desde hace años a sus majestades de Oriente y a Santa Claus.

Pues bien, parece que ya nos hacen caso. Después de la intervención de “películaspepito” y “seriespepito”, la desactivación de “Bajui” y “series.ly” y tras la sentencia condenatoria dictada por el Juzgado de Instrucción número 2 de Mahón contra un “Cammer” por pillársele grabando una película en la sala de cine (amén del cierre voluntario de “Magnovideo”, por que huele a quemado), nos llega el último zarpazo de la justicia española contra una página pirata: “EliteTorrent”.

La Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional acaba de dictar sentencia, desestimando el recurso interpuesto por dicha página y condenándole al pago de las costas judiciales. “EliteTorrent” es una de las páginas del grupo de JJ. CC. que administra varias páginas web. Y desde ella se ofrecían (se ofrecen todavía) productos no autorizados por sus propietarios ni representantes legales: AEVI  (antes ADESE).

Fueron precisamente estas dos asociaciones, a través de FAP (Federación Antipiratería), las que iniciaron los procedimientos administrativos para desarticular a “EliteTorrent” ante la CPI (Comisión de Propiedad Intelectual). Ésta resolvió que vulneraba los derechos de autor, obligándole a retirar los dos títulos que FAP había presentado como prueba de dicha vulneración (toda la página era ilegal, pero FAP no podía presentar más de diez títulos para no “atascar” la CPI).

El responsable de “EliteTorrent” fue absuelto en un proceso penal en el que el juzgado consideró, de acuerdo con el criterio marcado por la Circular 1/2006 de la Fiscalía General del Estado, que la actividad de enlazar realizada por la página no era un acto de comunicación al público. Este criterio, sin embargo, ha ido cambiando, y la jurisprudencia más reciente viene considerando que enlazar es un acto de comunicación pública.

Con independencia de ello, la "Ley Sinde" proporcionó un procedimiento administrativo que permitiera retirar contenidos ilícitos, que es lo que ocurrió en el presente caso. Y aunque la orden de retirada fue recurrida por la “EliteTorrent”, sin embargo, les ha salido el tiro por la culata, ya que la nueva sentencia les obliga a retirar esos contenidos.

Para José Manuel Tourné, Director General de FAP, “La sentencia es muy completa, pues realiza un análisis profundo de todos los argumentos incluyendo los que se refieren a la consideración de los enlaces como actos de comunicación pública. En primer lugar, la Sala desestima la alegación de “cosa juzgada” con respecto al procedimiento penal que se siguió contra “etmusica.com” (también propiedad del grupo condenado).

“En segundo lugar –sigue diciéndonos el responsable de FAP–, determina la naturaleza del procedimiento administrativo como “no sancionador” y el de “restablecimiento de la legalidad”. Y en tercer lugar deja claro que poner a disposición de los usuarios de internet enlaces que conducen a contenidos protegidos, es un acto de comunicación pública”.

Y lo hace con una gran profusión de argumentos legislativos que incluyen lo dispuesto en la sentencia Svensson del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, las manifestaciones de las diversas sentencias favorables a la industria que se han ido produciendo en diversas audiencias de España contra páginas de enlaces (Vizcaya, Castellón, Valencia, etc.), e incluso un análisis de la reforma del TRLPI (Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual), recientemente aprobada.

Para Tourné, “Los argumentos son perfectamente utilizables en los procedimientos penales que hay en curso. La sentencia declara la resolución ajustada a derecho, y aunque no es firme, su profusa argumentación parece muy sólida”. Es decir, que probablemente sea tenida en cuenta para próximos juicios por hechos delictivos contra la propiedad intelectual.